Respaldo social a la colegiación obligatoria de los administradores de fincas

05 de December de 2013

Tras los datos obtenidos por el “Estudio de Opinión sobre la función de los Administradores de Fincas Colegiados” realizados por SIGMADOS, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz reforzamos nuestro apoyo en un momento de incertidumbre ante la posible implantación del  Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Para reforzar esta posición, exponemos que los resultados obtenidos tras este estudio a los ciudadanos españoles respaldan que los  Administradores de Fincas deban estar colegiados (exactamente un 79’8% de los españoles acuerda a favor de la colegiación).

Igualmente, y en el supuesto de que el Gobierno liberalizara la actividad y ésta pudiera ser ejercida por personas que no estuvieran colegiadas, el 66,8% de los españoles piensa que sería perjudicial para la calidad del servicio que se presta a los propietarios.

Además de la obvia contribución de los Administradores de Fincas Colegiados a garantizar los derechos de vivienda de las personas (considerados con un 68’7% a favor), es también destacado el porcentaje de españoles (67’8%) que considera el trabajo de los Administradores de Fincas Colegiados fundamental para la seguridad jurídica de los propietarios.

A nivel provincial, y en consonancia con el Consejo General de Administradores de Fincas, consideramos basándonos en el 63’2% de españoles que opinan de igual manera, que si esta liberalización se lleva a cabo la seguridad y protección de los españoles en lo relativo la gestión de sus inmuebles podría verse considerablemente perjudicado.

La labor de colaboración con las Administraciones Públicas, calificada como muy importante para el 67,5% de los españoles, empeoraría para un 49,6% si dejara de ser obligatorio colegiarse para ejercer la actividad de Administrador de Fincas.

DESPROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Otros datos relevantes del Estudio realizado por SIGMADOS reflejan que el 74,9% de los españoles considera muy importante la labor de asesoramiento de los Administradores de Fincas Colegiados en asuntos inmobiliarios, jurídicos o fiscales, entre otros, y un 70,2% considera, también muy importante, el trabajo que como mediador entre la Comunidad de Propietarios y los propietarios a nivel individual desempeñan los Administradores de Fincas Colegiados.

De los resultados obtenidos, deducimos una clara opinión a favor del conjunto de la sociedad sobre el desarrollo de la actividad profesional del Administrador de Fincas Colegiado, así como el masivo respaldo a que siga siendo una profesión colegiada, ya que la mayoría de los ciudadanos españoles consideran que:

• La actividad de los Administradores de Fincas Colegiados es de interés general y contribuye a garantizar los derechos de las personas en lo que respecta a sus viviendas.
•  Es también una actividad fundamental para que se observen las normas y que contribuye a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.
• Es una actividad multidisciplinar y de suma importancia por las funciones desarrolladas.
• El trabajo realizado por los Administradores de Fincas Colegiados está amparado por los seguros de responsabilidad civil y caución contratados a través de sus Colegios Territoriales.
• Los Colegios Profesionales realizan, eficazmente, una labor de autocontrol disciplinario de la actividad de sus colegiados aplicando el Código Deontológico existente.
  

Los Administradores de Fincas Colegiados de Cádiz consideramos que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales debe de tener en consideración que los ciudadanos españoles, en su conjunto, valoran muy positivamente la actividad que desarrollamos en el marco de la actual regulación de los Colegios Profesionales, y respalda que la profesión de Administrador de Fincas siga siendo colegiada y considera, mayoritariamente, además, que la desregulación de nuestra actividad perjudicaría la gestión de un bien, la vivienda, que es considerado un derecho constitucional.